Una monarquía constitucional, también conocida como monarquía parlamentaria o monarquía democrática, representa una forma de gobierno en la que el monarca ejerce su autoridad siguiendo estrictamente los preceptos de una constitución. A diferencia de las monarquías absolutas, donde el soberano concentra el poder de decisión sin limitaciones vinculantes –independientemente de si existe una constitución o no–, en una monarquía constitucional, el poder y la autoridad del monarca están confinados dentro de un marco legal establecido. Este sistema asegura que el ejercicio del poder se realice bajo la supervisión y los límites que la ley fundamental impone, fomentando así la rendición de cuentas y la gobernanza democrática.

El espectro de las monarquías constitucionales es amplio y variado. En un extremo, encontramos países como Liechtenstein, Mónaco, Marruecos, Jordania, Kuwait y Baréin, donde la constitución puede otorgar al soberano un margen considerable de poderes discrecionales. En el otro, se sitúan naciones como Australia, el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, España, Bélgica, Suecia, Malasia y Japón. En estos últimos, aunque el monarca sigue siendo la cabeza del Estado, su discreción personal en el ejercicio de la autoridad es significativamente menor, operando mayormente bajo el consejo ministerial y las convenciones parlamentarias.

El Rol del Monarca Constitucional

En su esencia, una monarquía constitucional define un sistema donde el monarca funge como un jefe de Estado apolítico, cuyo papel está dictado por una constitución, ya sea esta escrita o basada en un conjunto de convenciones no escritas. Si bien la mayoría de los monarcas pueden poseer una autoridad formal y el gobierno puede operar legalmente en su nombre, la realidad en muchas monarquías europeas es que el soberano ya no establece personalmente las políticas públicas ni selecciona a los líderes políticos.

El politólogo Vernon Bogdanor, parafraseando la célebre frase de Thomas Macaulay, ha capturado la esencia de este rol al definir a un monarca constitucional como "un soberano que reina, pero no gobierna". Más allá de actuar como un símbolo visible de unidad nacional y continuidad histórica, un monarca constitucional puede ostentar poderes formales como la disolución del parlamento o la sanción real de la legislación. Sin embargo, estos poderes suelen ser ejercidos de manera casi ceremonial y siempre de acuerdo con principios constitucionales escritos o convenciones no escritas, en lugar de reflejar cualquier preferencia política personal del soberano.

Walter Bagehot, el influyente teórico político británico, identificó en su obra "The English Constitution" tres derechos políticos fundamentales que un monarca constitucional puede ejercer libremente: el derecho a ser consultado, el derecho a alentar y el derecho a advertir. Estos derechos subrayan un papel de influencia moral y consejero discreto, más que de decisor político directo. A pesar de esta limitación en el gobierno activo, muchas monarquías constitucionales aún conservan una autoridad o influencia política significativa, a menudo a través de ciertos poderes de reserva que pueden desempeñar un papel importante en momentos de crisis o en la formación de gobiernos.

Tipos y Ejemplos de Monarquías Constitucionales

El Reino Unido y los demás reinos de la Commonwealth, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, son ejemplos paradigmáticos de monarquías constitucionales que operan bajo el sistema de gobierno parlamentario de Westminster. En estos sistemas, el monarca o su representante (el gobernador general) actúa sobre el consejo de los ministros electos.

Existen también variaciones interesantes, como las monarquías electivas. Malasia y Camboya, por ejemplo, son monarquías constitucionales donde el gobernante no hereda el trono, sino que es seleccionado periódicamente por un pequeño colegio electoral compuesto por los gobernantes de los estados subnacionales o por un consejo de la corona. Esta peculiaridad añade una capa democrática o aristocrática a la selección del jefe de Estado.

Algunos observadores, como los escritores H.G. Wells y Glenn Patmore, han llegado a referirse a monarquías constitucionales fuertemente limitadas, como el Reino Unido y Australia, como "repúblicas coronadas". Este término subraya la idea de que, a pesar de tener un monarca como jefe de Estado, el poder real reside en las instituciones democráticas y el parlamento, de una manera que funcionalmente se asemeja a una república parlamentaria.

Para diferenciar aún más, las monarquías constitucionales en las que el monarca tiene un rol principalmente ceremonial se denominan a menudo "monarquías parlamentarias". Este término las distingue de las "monarquías semiconstitucionales", donde el soberano puede conservar poderes ejecutivos significativos, similares a los de un presidente en un sistema semipresidencial, y no es meramente un símbolo o un actor consultivo.

El Acta Constitucional del Reino de Dinamarca: Un Estudio de Caso

La Ley Constitucional del Reino de Dinamarca (Danmarks Riges Grundlov), comúnmente conocida simplemente como la Constitución (Grundloven en danés), es la ley fundamental que rige el Reino de Dinamarca, aplicando por igual en Dinamarca propiamente dicha, Groenlandia y las Islas Feroe. Su rica historia se remonta a 1849, cuando se adoptó la primera constitución democrática, marcando un hito al reemplazar la constitución absolutista de 1665 y ushering en una nueva era de gobernanza. La constitución actual, promulgada en 1953, es una de las más antiguas del mundo aún en vigor, lo que da testimonio de su durabilidad y adaptabilidad. Aunque ha sido modificada varias veces a lo largo de los años, su redacción es lo suficientemente general como para seguir siendo relevante en la sociedad contemporánea.

La constitución danesa define explícitamente a Dinamarca como una monarquía constitucional, gobernada a través de un sistema parlamentario. Establece una clara separación de poderes entre el Folketing (el parlamento danés), que es responsable de promulgar las leyes; el gobierno, que las implementa; y los tribunales, que las juzgan. Además de estructurar el poder del Estado, la constitución garantiza una serie de derechos fundamentales a todas las personas dentro de Dinamarca, no solo a los ciudadanos daneses. Entre estos derechos se incluyen la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación y la libertad de reunión, pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. La adopción de la Constitución en 1849 no solo puso fin a una monarquía absoluta sino que también introdujo la democracia en el país, un evento tan significativo que Dinamarca celebra el 5 de junio de cada año como el Día de la Constitución, en conmemoración de la ratificación de la primera Constitución.

Un principio fundamental de la Ley Constitucional fue, y sigue siendo, limitar el poder del monarca, un objetivo articulado explícitamente en la sección 2. Esta disposición crea un monarca constitucional comparativamente débil, cuya autoridad depende intrínsecamente del asesoramiento de los ministros y del Parlamento para la redacción y aprobación de leyes. La Constitución de 1849 estableció un parlamento bicameral, el Rigsdag, compuesto por el Landsting y el Folketing. Sin embargo, uno de los cambios más significativos introducidos por la Constitución de 1953 fue la abolición del Landsting, resultando en un Folketing unicameral.

La constitución también consagró derechos civiles fundamentales que permanecen vigentes en la carta magna actual. Estos incluyen el hábeas corpus (sección 71), que protege la libertad personal; los derechos de propiedad privada (sección 72); y la libertad de expresión (sección 77), garantizando una esfera pública vibrante. Es importante destacar que el Parlamento danés (Folketinget) no puede dictar leyes que sean repugnantes o contrarias al Acta Constitucional. Aunque Dinamarca no cuenta con un tribunal constitucional dedicado, las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales y anuladas por el Tribunal Supremo de Dinamarca, un mecanismo crucial para la protección de la supremacía constitucional.

El proceso para enmendar la Ley Constitucional en Dinamarca es deliberado y exigente. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Folketing en dos mandatos parlamentarios consecutivos, un requisito que asegura un amplio consenso político y un período de reflexión. Posteriormente, la propuesta de enmienda debe ser sometida a la aprobación del electorado a través de un referéndum nacional, garantizando que el pueblo danés tenga la última palabra en la modificación de su ley fundamental.

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre las Monarquías Constitucionales

¿Cuál es la diferencia fundamental entre una monarquía constitucional y una monarquía absoluta?

La diferencia principal radica en la limitación del poder del monarca. En una monarquía constitucional, el poder del soberano está restringido por una constitución y por las leyes del país, a menudo siguiendo el consejo de un gobierno electo. En contraste, una monarquía absoluta otorga al monarca un poder ilimitado o casi ilimitado, donde él o ella es la máxima autoridad en todos los asuntos de estado, sin estar necesariamente obligado por un marco legal o un parlamento.

¿Un monarca constitucional tiene algún poder real o es puramente ceremonial?

El grado de poder de un monarca constitucional varía considerablemente entre países. En muchas monarquías parlamentarias (como el Reino Unido, España o Japón), el rol es predominantemente ceremonial, simbolizando la unidad nacional y la continuidad del Estado. Sin embargo, incluso en estos casos, el monarca suele tener poderes formales como sancionar leyes o disolver el parlamento, aunque estos se ejercen siguiendo el consejo del gobierno y las convenciones constitucionales. En otras monarquías constitucionales (como Marruecos o Jordania), el monarca puede conservar poderes ejecutivos y políticos más sustanciales.

¿Qué significa la frase "el monarca reina pero no gobierna"?

Esta frase, popularizada por pensadores como Thomas Macaulay y Vernon Bogdanor, encapsula la esencia de la mayoría de las monarquías constitucionales modernas. Significa que el monarca es el jefe de Estado y un símbolo de la nación (reina), pero no toma decisiones políticas directas ni dirige el gobierno (no gobierna). Las decisiones ejecutivas y legislativas son tomadas por el parlamento y el gobierno electo, que son responsables ante el pueblo.

¿Cómo se protegen los derechos de los ciudadanos en una monarquía constitucional?

En las monarquías constitucionales, los derechos de los ciudadanos están protegidos por la propia constitución, que establece un marco legal para el gobierno y garantiza libertades fundamentales. Además, la separación de poderes, con un poder judicial independiente, asegura que las leyes se apliquen de manera justa y que cualquier ley que infrinja los derechos constitucionales pueda ser impugnada, como en el caso del Tribunal Supremo de Dinamarca.

¿Pueden las monarquías constitucionales ser también democracias?

Sí, de hecho, la mayoría de las monarquías constitucionales modernas son democracias plenas. La existencia de un monarca no impide que el poder legislativo y ejecutivo resida en instituciones electas por el pueblo. En estas democracias, el monarca actúa como un jefe de Estado no político, mientras que el jefe de gobierno (generalmente un primer ministro o canciller) es el líder del partido o coalición con mayoría en el parlamento y es quien ejerce el poder ejecutivo.

¿Qué es una "república coronada"?

El término "república coronada" es una expresión utilizada por algunos autores, como H.G. Wells y Glenn Patmore, para describir monarquías constitucionales fuertemente limitadas, como el Reino Unido o Australia. Implica que, aunque formalmente tienen un monarca como jefe de Estado, el sistema político funciona de manera tan democrática y con el poder tan centrado en instituciones electas que, en la práctica, se asemeja mucho a una república parlamentaria, con el monarca desempeñando un papel en gran medida ceremonial.